Apartados

Jueces becados por Álvarez liberaron a sicarios que atentaron contra Nolasco. Ángel Páez y María Elena Hidalgo. La República. 29/03/2013

Fuente: La República

Mecanismos clientelares

Foto: La República
Foto: La República
El Gobierno Regional de Áncash les pagó un curso en una universidad de San Diego, California, a 12 magistrados de la Corte Superior del Santa, entre ellos a los que absolvieron a los que atentaron contra Ezequiel Nolasco y mataron a su hijo.

Causa y efecto. El 30 de enero de este año un tribunal del Santa, Chimbote, compuesto por los magistrados Linda Vanini Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés, ordenó la excarcelación de tres sujetos acusados de haber participado en el intento de asesinato de Ezequiel Nolasco Campos. Con el discutible fallo, el brutal atentado, en el que Nolasco resultó gravemente herido y murió su hijastro Roberto Torres Blas, quedó impune.
Durante todo el proceso judicial, Ezequiel Nolasco atribuyó al presidente de la Región Áncash, César Álvarez Aguilar, la autoría intelectual del brutal ataque. Como se ha revelado recientemente, en una grabación se escucha a Álvarez burlarse de la desgracia de Nolasco: “Superman se cree. Las balas le pasan por los costados. Le meten cinco balazos y no le pasa nada”, ironizó Álvarez.
La República tuvo acceso a documentos del Gobierno Regional de Áncash que demuestran que los magistrados Vanini, Rodríguez y Cruz, quienes excarcelaron a los sicarios que intentaron asesinar a Ezequiel Nolasco, y nunca llegaron a establecer la identidad de los instigadores del crimen, fueron becados por César Álvarez para recibir un curso especializado en San Diego, California, Estados Unidos.
Los jueces pudieron inhibirse para evitar suspicacias, puesto que el gobierno de César Álvarez les pagó el curso en Norteamérica. Pero no les importó.
Justicia exprés
El tribunal presidido por Linda Vanini, e integrado por Pedro Rodríguez y Roma Cruz, absolvió a los notorios sicarios Alexis Reyes Camones, “Loco Alexis”; Arnaldo Ordinola Muñoz, “Nayo”; y Jaime Sánchez Cachay, “Piolín”.
Los documentos demuestran que en todo el proceso de adjudicación de becas para los magistrados de El Santa, César Álvarez tuvo intervención directa.
El 13 de junio del 2011, Álvarez autorizó la modificación del presupuesto para financiar la “capacitación” de los jueces. Luego, el 4 de julio del 2012, dispuso que la Sub Región Pacífico, dependiente de su administración, destinara 120 mil soles para financiar el curso en los Estados Unidos.
El 21 de octubre del mismo año, la Escuela de Derecho California Western, ubicada en San Diego, comunicó al gobierno regional que el costo del servicio era de 7 mil 200 dólares.  El 11 de octubre, con fondos de la Región Áncash, se pagó a la agencia “Scala Tours” los pasajes para los 12 magistrados que viajarían a San Diego para recibir las clases del 19 al 21 de octubre del 2012.
En la lista de afortunados becarios, como se observa en los documentos que reproduce
La República, aparecen la presidenta de Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Linda Vanini, así como Roma Cruz, quien sustentó el fallo que liberó a los sicarios, y Pedro Rodríguez, quien votó también por la absolución de los acusados de intentar asesinar a Ezequiel Nolasco.
A LA MEDIDA
Cuando salieron de viaje a los Estados Unidos, los tres magistrados mencionados pertenecían a la Corte Superior del Santa, donde por coincidencia se encontraba el expediente del proceso contra los que pretendieron matar a Ezequiel Nolasco.
En efecto, según consta en la resolución del 1° de agosto del 2012, suscrita por el presidente de la Corte Superior del Santa, Daniel Vásquez Cárdenas, Vanini, Cruz y Rodríguez a California conformaban la Sala Penal de Chimbote.
Cuando retornaron al Perú, estos magistrados ventilaron el caso del intento de homicidio de Nolasco y el asesinato de su hijastro, y absolvieron a tres de los sicarios.
Los jueces conocían perfectamente las denuncias públicas de Ezequiel Nolasco contra el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, a quien señalaba como el cerebro del atentado.
Sin embargo, los magistrados no tuvieron reparos en llevar adelante un proceso judicial en el que Álvarez, el funcionario que autorizó el financiamiento de las becas, estaba de alguna forma relacionado por la imputación de la víctima, Ezequiel Nolasco.
Lo peor es que son más los jueces becados que tuvieron en sus manos casos vinculados con César Álvarez.

EL CASO DE LOS MAGISTRADOS SOTELO Y LOMPARTE

Los jueces Eloy Sotelo Mateo y Walter Lomparte Sánchez, de la Corte Superior del Santa, también viajaron a California becados por el Gobierno Regional de Áncash, presidido por César Álvarez Aguilar.
Como en el caso de Linda Vanini, Roma Cruz y Pedro Rodríguez, los magistrados Eloy Sotelo y Walter Lomparte participaron en casos relacionados con César Álvarez y resolvieron a favor de sus allegados.
El 19 de julio del 2012, cuando presidía la Sala de Apelaciones de la Corte Superior del Santa, Walter Lomparte, en lugar de disponer la detención del empresario constructor Jack Castillo Castillo, implicado en el asesinato del fiscal Luis Sánchez Coloma, confirmó solamente su comparecencia. Castillo es conocido por ganar las licitaciones de obras públicas de la región Áncash y se le atribuye cercanía con Álvarez. Tres meses después, Lomparte resultó becado a California.
El 13 de junio del 2013, el juez Eloy Sotelo excluyó al alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, del caso del centro de espionaje conocido como La Centralita. Arroyo es miembro del entorno íntimo de César Álvarez. El juez Sotelo fue becario de la región Áncash.

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El profeta Ezequiel. Juan de la Puente. La República. 28/03/2014

Fuente: La República

El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco dispara las alarmas sobre la extrema violencia política y corrupción en la región Áncash. En realidad, descubre para la opinión pública nacional y para la política limeña un truculento escenario que los ancashinos conocen bien.

En esa región, la balas silenciadoras, los jueces y fiscales comprados o amenazados, los policías vendidos y los periodistas alquilados, forman parte de un paisaje con el que conviven los ciudadanos. Los sucesos que han modelado ese escenario, especialmente las denuncias de corrupción y los asesinatos, fueron poco más que una noticia. Su persistencia no logró impactar decisivamente a las seis instituciones de alcance nacional llamadas a combatir el delito o controlar el poder, el Congreso, el Poder Judicial, la Procuraduría (Ministerio de Justicia), la Policía (Ministerio del Interior), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas han respondido que hicieron algo de lo que les correspondía, que la falta de eficacia se debe al papel de otras instituciones y que carecieron de recursos para alcanzar mayores logros. Es probable que estos argumentos sean de algún modo ciertos aunque la verdad es más compleja y dramática.

En casi todas estas instituciones operó un mecanismo ilegal que bloqueó las denuncias o su desarrollo procesal con marcado éxito. Este no es un trabajo empírico, sino el resultado de un proyecto mafioso sostenible por su capacidad operativa y los recursos financieros, políticos, legales, tecnológicos y mediáticos que desarrolla. A diferencia de las redes clásicas de corrupción del pasado, esta se construyó de abajo hacia arriba usando para sus intereses los espacios de autonomía y discrecionalidad que la descentralización ha establecido, una derivación perversa no prevista al inicio de este proceso. El atormentado tránsito de Ezequiel Nolasco desde el año 2010 testimonia la fuerza de la red ilegal a la que se enfrentó y sucumbió; todos sus movimientos fueron contestados con éxito.

Él perdió todas las batallas emprendidas, en los ámbitos administrativo, policial, judicial y parlamentario. También perdió la batalla de la opinión pública porque su voz, mucho antes de las balas asesinas, fue silenciada por una prensa regional arreglada bajo la mesa y sobre la mesa, con muy escasas excepciones. Las tres veces que este hombre, martirizado ya por la muerte de su hijo y por su propia persecución, se encadenó en la puerta de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote) aparecieron como una dolorosa confesión de su impotencia y fracaso. La mala noticia, lluvia sobre mojado, es que el caso de Áncash no es único. Los datos a la mano indican que en varias regiones se han organizado mafias locales con alcance nacional y en otros casos de origen municipal con el mismo éxito.

Sin embargo, no todas las regiones o ciudades tienen un Ezequiel Nolasco que a costa de su vida ha dejado testimonio de la realidad. Casos similares a los de Áncash están atrapados en el Congreso, han sido trabados en las fiscalías o han merecido sentencias cargadas de impunidad. En Áncash ha fracasado todo o casi todo, la democracia, la descentralización y la libertad de expresión. Desde la primera elección regional no ha sido posible construir allí un proyecto regional abierto y democrático; contrariamente, se ha acentuado la fragmentación social y política, las prácticas clientelares y la organización de un poder resistente a la rendición de cuentas.

El proceso de descentralización ha sido en esa región hasta ahora la transición hacia un estado débil y corrupto, personalizado al extremo y carente de elites moderadoras y articuladoras del debate. El rasgo que define el espacio público allí es un alto protagonismo de actores informales y, sobre todo, ilegales, cuya lucha por el poder carece de límites con una marcada preferencia por el uso de la violencia para resolver las disputas políticas. La pregunta de qué hacer con Áncash debería ser qué hacer con la descentralización.