Fuente: La República
Ricardo Uceda.
En 2009, la recién creada Procuraduría de Lavado de Activos en el Ministerio del Interior empezó a recibir casos de diversos sectores del Estado. Uno de ellos provenía del Ministerio de Educación: entre 2005 y 2006, cinco personas pretendieron inscribir falsos títulos de propiedad de terrenos que eran suyos. Supuestamente habilitados por Proinversión, los predios pasaron de mano en mano por distintos compradores que eran, en realidad, testaferros. En julio del 2009, la revista Caretas describió el modus operandi, vinculando a Wilmer Arrieta, uno de los investigados, con el abogado Rodolfo Orellana, quien luego fue comprendido en las indagaciones de la DIRANDRO. Estos son los orígenes de un expediente envenenado, que después, con sus insospechadas variantes y ramificaciones, produciría un carrusel de denuncias, demandas, contrademandas y querellas. En el camino son flechados fiscales, jueces, periodistas. De vez en cuando, lavadores de activos.
Desde el comienzo hubo operadores judiciales reacios a cumplir. En 2009, la policía antidroga –DIRANDRO, que también ve asuntos de lavado de dinero− pidió al Ministerio Público autorización para investigar a Orellana como presunto líder de una organización criminal que se apropiaba de inmuebles, realizando sucesivas transferencias con prestanombres, documentos falsos, simulaciones de deudas o registros de gravámenes adulterados. La hipótesis se reforzaba por la denuncia de entidades financieras: empresas liquidadoras vinculadas a la organización lograban el levantamiento de garantías hipotecarias de créditos otorgados a los testaferros. En 2010, el Ministerio Público denegó la autorización.
VUELTA DE TUERCA
Fue entonces cuando entró en acción la encargada de la Procuraduría de Lavado de Activos, Julia Príncipe. En agosto del 2010 solicitó incluir a Rodolfo Orellana en la investigación fiscal del expediente sobre los bienes que pretendieron ser birlados al Ministerio de Educación. Un mes después objetó el archivamiento que la fiscalía había hecho de la solicitud de la DIRANDRO. Estas gestiones tardaron en resolverse pero tuvieron éxito. Sin embargo, los investigados demostrarían una influencia rotunda en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. El abogado de Orellana es Benedicto Jiménez, un ex policía, famoso por haber sido uno de los principales responsables de la captura de Abimael Guzmán en 1992. Pero la fuerza en los aparatos de justicia del Estado no es de él, sino de una red.
El grupo empezó a editar varias publicaciones: Juez Justo, Juez Justo TV, Quinto Poder, Vox Pópuli. Los jueces y fiscales amigos, por ejemplo el voceado candidato a Fiscal de la Nación Carlos Ramos, reciben acogida e incienso. Los enemigos son acusados de los más diversos pecados: infidelidad, alcoholismo, incompetencia, ineptitud. Hay también campañas públicas especiales para cada enemigo. Las cuales corren paralelas con denuncias en firme que son presentadas contra ellos en el Ministerio Público. Existe una considerable cantidad de magistrados, periodistas y magistrados denunciados de esta forma. También un parlamentario: Víctor Andrés García Belaunde.
Las denuncias por lavado de activos y otros delitos fueron acumulándose en el Ministerio Público hasta que en 2012 el fiscal superior Luis Arellano las archivó todas. También le entregó a Orellana, indebidamente, el informe reservado que había hecho sobre sus actividades la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con base a lo cual Orellana enjuició al jefe de la entidad, Sergio Espinosa. Arellano, dicho sea de paso, hasta el momento no es sancionado por el Ministerio Público. En una vuelta de tuerca, Príncipe logró que un fiscal honesto, Miguel Toyohama –quien, por supuesto, fue luego denunciado− declarara fundada su queja.
Pero cuando el expediente principal estaba rehabilitado, a fines del 2013 Orellana obtuvo de Luis Palomino, un juez de Atalaya, en Ucayali, un dictamen favorable de Hábeas Corpus. La tremenda sentencia paralizó toda la investigación. Hay una apelación, cuyo resultado debe conocerse en las próximas horas. Mientras tanto, Príncipe también ha debido encargarse de otros procesos. Los suyos propios con Orellana.
LLUVIA DE DENUNCIAS
En 2010 la procuradora recibió denuncias en tres fiscalías distintas bajo el supuesto de no haber actuado diligentemente en una investigación de lavado de activos archivada. La hicieron Rodolfo Orellana, su abogado Benedicto Jiménez y el hoy congresista Heriberto Benítez. Benítez era entonces presidente de Unidos Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos (UCONA), una asociación a la que después renunció cuando se hizo evidente que era un mascarón de proa de Orellana. Príncipe demostró que el caso nunca le correspondió –se originaba en un supuesto tráfico de drogas− y las tres denuncias fueron archivadas. Orellana, además, le exigió diez millones de dólares por haber actuado para que se lo investigue, una pretensión que no tuvo eco judicial. Tampoco avanzaron denuncias en contra suya por abuso de autoridad y otros delitos. Entonces el ataque se multiplicó.
Por ejemplo, Benedicto Jiménez denunció a Príncipe por haber intervenido en un proceso seguido a su ex esposo, Edwards Vizcarra, ex alcalde de Huari, por supuesto lavado de dinero. La acusación también incluyó a Hugo Príncipe, hermano de la procuradora, que era vocal de la Corte Suprema. La denuncia, desmentida por los documentos, fue archivada, pero luego se sucedieron otras: porque usaba un auto oficial incautado que le fue asignado por el Ministerio del Interior, por haber sido depositaria judicial en un caso de lavado de activos provenientes del proxenetismo, porque actuó irregularmente en el caso tal o en el caso cual. Así, la procuradora ha recibido ocho denuncias interpuestas en el Ministerio Público, cuatro querellas por difamación ante el Poder Judicial, tres quejas por inconducta funcional, una demanda indemnizatoria. Como las acusaciones son descabelladas se caen al final –solo tres se hallan en trámite−, de modo que el propósito parece ser otro: servir de munición para el ataque de los medios periodísticos de Orellana, bajo la batuta de Jiménez.
Por medios impresos, radio y televisión, Príncipe ha vinculada a redes criminales de lavado de activos, al proxenetismo y trata de personas, a numerosos actos de inconducta funcional. En diversas publicidades de Juez Justo aparecía su foto con las leyendas: “De Procuradora a millonaria”. O: “De Procuradora a administradora de burdeles”. Esta publicidad ha viajado por vehículos de transporte público. Príncipe ha denunciado seguimientos y, aunque tiene equipo de resguardo, se moviliza mirando para todos los lados.
LO QUE ESTÁ DETRÁS
De modo que lo insólito no es que haya una red criminal de lavado de activos sino que esta red tenga tanto poder en el sistema judicial y de investigación criminal. Cualquier fiscal puede bailar al son de la dupla Jiménez-Orellana. Miembros de la familia Zileri, que edita Caretas, están tapados de procesos. El año pasado el estudio Benites&Forno&Ugaz, que representando a Scotiabank acusó a Orellana de apropiarse de casas hipotecadas, tuvo que vérselas con una investigación por lavado de activos sembrada por su denunciado. Ya había archivado las denuncias en contra de sus socios, pero hace una semana una fiscal dictó 23 medidas persecutorias contra 150 personas, entre las que se cuentan sus abogados presentes y antiguos. La menor de ellas es el levantamiento del secreto bancario.
Los clientes están recibiendo cartas que les advierten que el estudio cerrará y que si continúan podrían estar incursos en delitos propios de la criminalidad organizada. Mientras tanto, los investigados siguen acumulando acusaciones.
−Las denuncias contra Orellana y su entorno son más de 150 –dice el parlamentario García Belaunde, quien acaba de hacer la verificación.
Observatorio de Políticas 